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“La confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico”, publicó Rocío Nahle en su cuenta de Twitter
Karol García
El Economista
Luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional contra la Política de confiabilidad en el sector eléctrico, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, publicó en su cuenta de Twitter que la confiabilidad de la red está por encima de cualquier interés económico en esta administración.
“La confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico”, publicó la funcionaria, “en el Gobierno MX trabajamos para garantizar a toda la población el servicio básico de acceso a la electricidad”.
La confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional (SEN )está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico.
En el @GobiernoMX trabajamos para garantizar a toda la población el servicio básico de acceso a la electricidad.
El 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó su nueva Política en materia de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que eliminó el criterio de mérito económico para el despacho de energía eléctrica en el país para beneficiar a la generación fósil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la búsqueda de recuperar el monopolio en generación eléctrica sin modificar ninguna ley, por lo menos garantizar la participación mayoritaria de la estatal de manera permanente en la generación eléctrica nacional.
A pesar de contar con el rechazo de las representaciones diplomáticas de 20 naciones de la Unión Europea y Canadá; de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expresó que se encarecerá la electricidad en el país; que especialistas ambientales han alertado sobre los daños a la salud de mayor uso de combustóleo, y que la industria prepara la ruta judicial para frenar las prácticas que las autoridades energéticas del país llevan contra la generación renovable, este nuevo ordenamiento, que sí es atribución de la Secretaría de Energía, reforzó al Acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió el 29 de abril en que por la emergencia ante el Covid 19 se suspendían las pruebas para entrar en operación de plantas eólicas y fotovoltaicas que pudieran vulnerar la confiabilidad de la red, mismas que cuentan con suspensiones por juicios de amparo para todo el país.
En tanto, por lo plasmado en el artículo 132 de la Ley de la Industria Eléctrica que entró en vigor en 2014, corresponde a la Secretaría de Energía el diseño y difusión de una política para el manejo del SEN, misma que se publicó desde el 2017 en materia de la potencia para las horas pico del flujo de energía y se amplió este fin de semana hacia las condiciones de entrega de energía para la red de transmisión que gestiona el Cenace.
Ante esta política, distintos representantes de la industria interpusieron amparos y recibieron suspensiones de los actos hasta que Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental lograron la suspensión definitiva y de alcance general para toda la industria del país bajo el argumento de protección de la salud de las personas.
Posteriormente, por conducto de la CFE, la Secretaría de Energía aseguró que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, ante la suspensión otorgada por un Juzgado, en respuesta al legítimo derecho de amparo de terceros.
