La justicia en Nuevo León no mide pruebas ni videos; mide influencias. A más de dos años de una tragedia que estuvo a punto de costarles la vida, tres estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UANL enfrentan una amarga realidad: el sistema de procuración de justicia del Estado está diseñado para proteger al influyente y castigar a la víctima.
El 18 de mayo de 2024 marcó un antes y un después para Esteban, Ana y Gaby.
Aquella jornada, sobre la avenida Alfonso Reyes, un vehículo conducido a exceso de velocidad por Alejandro “N” los embistió brutalmente.
Mientras los tres jóvenes se debatían entre la vida y la muerte en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Universitario, el cobarde responsable paseaba sin preocupación alguna por centros comerciales sin ser molestado por las autoridades.
Hoy, a dos años de distancia, las secuelas físicas son irreversibles, pero el dolor más agudo proviene de las propias instituciones públicas.
Lo que debió ser un proceso penal claro y expedito se convirtió en un laberinto de trabas burocráticas, diferimientos sistemáticos de audiencias y maniobras dilatorias permitidas por la propia Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Detrás del descarado freno a la carpeta de investigación se esconde una razón que indigna a la sociedad regia: Alejandro “N” contaría con redes de influencia y familiares incrustados tanto en las entrañas de la Fiscalía como en la Facultad de Derecho de la UANL.
La paradoja es indignante. En las mesas de los agentes del Ministerio Público pesan más las relaciones del abogado defensor y las llamadas de pasillo que la evidencia técnica irrefutable: peritajes viales, exámenes médicos y los propios videos de las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del atropello.
A esta cadena de corrupción e indiferencia institucional se suma un cerco mediático. Diversos medios de comunicación locales han optado por el silencio sepulcral, prefiriendo proteger intereses de grupos de poder antes que dar voz a las víctimas.
Hoy, Esteban, Ana y Gaby han decidido romper ese silencio. No piden venganza ni tratos preferenciales; exigen simplemente que la Fiscalía de Nuevo León deje de actuar como escudo protector de presuntos delincuentes con apellido o contactos de peso.
“Nuestra lucha es para que la ley se aplique igual para todos. Hoy fuimos nosotros, pero si permitimos que la Fiscalía responda al amiguismo y a las influencias, mañana cualquier ciudadano puede ser arrollado en la calle y la justicia le dará la espalda”, coinciden los afectados.
El caso de estos tres jóvenes universitarios pone al descubierto la podredumbre de un sistema de justicia estatal que se dobla ante el poder.
