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por Antonio María Delgado
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Una nueva directiva de Estados Unidos que amplía la manera en que se evalúan las enfermedades crónicas en los exámenes de inmigración antes de otorgar visas está generando preocupación entre defensores de los inmigrantes y expertos en salud pública, quienes advierten que podría penalizar injustamente a personas que viven con condiciones como diabetes, enfermedades cardíacas e incluso obesidad. La medida, que los abogados de inmigración describen como un cambio significativo en la revisión médica, permitiría que médicos aprobados por el gobierno y funcionarios consulares en el extranjero evalúen los costos de salud a largo plazo de un solicitante y su capacidad para mantener un empleo antes de emitir una visa para ingresar a Estados Unidos. Aunque la ley de inmigración de Estados Unidos ha prohibido durante mucho tiempo la entrada a individuos con enfermedades transmisibles, la nueva guía del Departamento de Estado extiende ese escrutinio a condiciones crónicas no contagiosas que, según el gobierno, podrían hacer que un solicitante dependa más de los recursos públicos.
Según The Washington Post, la administración Trump ha ordenado a los oficiales de visas considerar la obesidad —y otras enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes— como posibles motivos para negar visas a extranjeros. The Post informó que el Secretario de Estado Marco Rubio comunicó los cambios a consulados y embajadas de Estados Unidos en todo el mundo mediante un cable fechado el 6 de noviembre. La medida amplía la evaluación médica más allá de las enfermedades contagiosas y otorga a los oficiales de visas nuevos argumentos para rechazar solicitantes, marcando el último esfuerzo de la administración Trump por restringir la inmigración. Los críticos temen que el cambio abra la puerta a decisiones subjetivas y a un trato desigual. Al vincular el estado de salud con el valor económico, sostienen, la política corre el riesgo de convertir condiciones médicas manejables en barreras para la migración legal. Actualmente, todos los solicitantes de visa de inmigrante deben someterse a un examen médico realizado por un médico autorizado por una embajada o consulado estadounidense. Estos exámenes aseguran que los solicitantes estén libres de enfermedades infecciosas como tuberculosis o sífilis y verifican vacunaciones contra enfermedades como sarampión, polio y hepatitis B. Los solicitantes también deben revelar antecedentes de consumo de drogas o alcohol, condiciones de salud mental y cualquier historial de comportamiento violento. Bajo la nueva directiva, sin embargo, se instruye a los oficiales consulares y médicos a considerar no solo los riesgos para la salud pública, sino también la posible carga financiera que la condición de una persona podría implicar en el futuro. Ese cambio —de prevenir enfermedades a evaluar la “idoneidad económica”— alarma a los defensores de los inmigrantes, quienes dicen que borra la línea entre salud y estatus social. “Esta política también encaja con el pensamiento y la forma de actuar del Secretario de Salud, el Sr. Kennedy, respecto a su política y su visión de la sociedad estadounidense”, dijo Manuel Vallina Grisanti, abogado venezolano-americano radicado en el sur de Florida, especializado en derecho internacional y derechos humanos. “Cada país y cada gobierno es libre de imponer las reglas que considere, incluso si a uno no le gustan, ¿verdad?” Para Vallina Grisanti, la directiva refleja pragmatismo más que discriminación. “Lo que se busca, me imagino, con este tipo de medida, es minimizar los costos para las agencias de salud estadounidenses y, por lo tanto, para los contribuyentes —lo que podría tener que pagarse en el futuro por servicios médicos para personas con ciertas enfermedades”, dijo. “Esto no es algo que solo Estados Unidos quiere implementar; otros países europeos están haciendo lo mismo”. El abogado sostiene que tales medidas se enmarcan dentro del derecho legítimo de un gobierno de regular la inmigración según sus prioridades. Otros, sin embargo, ven algo más preocupante en la medida del gobierno. Helene Villalonga, activista venezolana y líder comunitaria en el sur de Florida, cree que la medida marca otro giro hacia la exclusión y el estigma. “Están implementando estas restricciones, creo, para que al final los inmigrantes no se conviertan en una carga para el país —al menos así lo entendí yo”, dijo. “Pero me parece discriminatorio, como todo lo que ha hecho la administración de Donald Trump”. Para Villalonga, el problema no es solo de política sino de identidad: sobre quién pertenece y quién no. “El perfil que ha estado promoviendo es uno de discriminación, haciendo que la gente se sienta como ciudadanos de primera, segunda o tercera clase”, dijo. “Así me siento yo, y así ha hecho sentir a todos en su gobierno”. Ella teme que la directiva envíe un mensaje intimidante tanto a inmigrantes como a posibles inmigrantes. “Al menos como venezolana, me siento discriminada —pero ahora es todo el mundo”, dijo. “Ahora es el venezolano, la persona enferma, la persona con sobrepeso, el diabético —es todo el mundo en general. Hay un tipo de estadounidense con el que el gobierno ‘se casa’, por así decirlo, y un tipo de persona con la que el gobierno no quiere ninguna relación. Y eso es lo que se siente hoy”. Villalonga también preocupa que el nuevo enfoque pueda afectar a personas que ya viven en Estados Unidos y manejan condiciones crónicas. “Imaginen a la persona que ya está en el país y tiene esa condición médica”, dijo. “De alguna manera, se le está sembrando miedo, porque si ve que el gobierno apunta a solicitantes de visa o residencia con esas condiciones, pensará: ‘¿Qué me va a pasar a mí? En algún momento vendrán por mí también’”. Abogados de inmigración señalan que, aunque la directiva aún no se ha publicado formalmente, parece revivir elementos de la regla de “carga pública”, una política controvertida ampliada bajo la administración Trump. Esa regla permitía a los funcionarios negar tarjetas verdes o visas a personas consideradas propensas a depender de beneficios gubernamentales como Medicaid o asistencia alimentaria. Provocó una amplia protesta y múltiples demandas judiciales antes de ser revertida por la administración Biden en 2022. Bajo la nueva guía, las enfermedades crónicas podrían convertirse en el próximo campo de batalla para determinar quién califica como “autosuficiente”. Los expertos en salud pública advierten que tal cambio podría desalentar a los solicitantes a buscar atención médica o ser completamente transparentes sobre su salud, lo que podría empeorar los resultados tanto para individuos como para comunidades. Para Vallina Grisanti, sin embargo, la medida es parte de un recalibramiento más amplio de la política migratoria y de bienestar social. “De hecho, hay muchos cambios —muchos cambios—”, dijo. “Pero, en principio, cada gobierno tiene el derecho y el deber de manejar la integración de la manera que considere mejor para su país”. Para defensores como Villalonga, ese razonamiento ignora el costo humano. “Me parece discriminatorio”, dijo. “Hay un tipo de estadounidense que el gobierno quiere —y un tipo que no quiere”.
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