México no puede darse el lujo de inhibir la llegada de más inversiones al país, incluidas las energéticas, consideró Coparmex.
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Enrique Hernández
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que de perderse la controversia con Estados Unidos por confirmarse que la política energética de Andrés Manuel López Obrador viola el T-MEC, habrá sanciones multimillonarias y pérdidas de inversiones para la economía mexicana en tiempos adversos.
“Las controversias están en toda la cadena de valor del sector energético, transportación de gas natural, transportación de petrolíferos, estaciones de servicio, comercialización de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) y en la industria eléctrica”, manifestó el organismo presidido por José Medina Mora Icaza.
Agregó que la política energética impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contraviene las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), la inversión extranjera directa (IED) en dicho sector creció en promedio 48% anual entre 2015 y 2019.
A partir de 2019, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, ha decrecido la inversión en el sector energético, precisó.
“Con oportunidad hemos manifestado nuestra preocupación en cuanto a que desde la actual administración se han estado implementado algunas maniobras legales que afectan y desincentivan la atracción y retención de inversión extranjera en el país”, apuntó.
También se han establecido medidas discriminatorias en contra de las empresas extranjeras y se ejecutan acciones que representan una regresión en los compromisos ambientales asumidos por México en diversos instrumentos internacionales, tales como el Acuerdo de París o el T-MEC, indicó el sindicato patronal.
En materia energética se está colocando en el centro de la política energética el favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y seguir subsidiando sus ineficiencias y pérdidas, las cuales para el periodo 2019–2021 ascendieron a 1.052 billones de pesos y 210 mil millones de pesos respectivamente, y sin contar los subsidios, agregó la Coparmex.
Apenas hace unos días, la calificadora Moody’s bajó la calificación a CFE a Baa2 desde Baa1. Esta rebaja se da luego de que la agencia redujera un peldaño la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) a B1 desde Ba3, lo que puso a la petrolera en un terreno altamente especulativo.
“Consideramos que la implementación de los mecanismos contenidos en el Artículo 31.4 del T-MEC se deben resolver de manera ágil y respetando los protocolos establecidos para ello dentro del mismo acuerdo, pues sería lamentable que ante los incumplimientos y la falta de acuerdos, estas consultas deriven en un panel que bien podría traducirse en medidas más enérgicas, como el establecimiento de aranceles o sanciones multimillonarias en contra de México”, comentó.
“Nos pronunciamos porque las consultas solicitadas por el gobierno de Estados Unidos con relación a la política energética de nuestro país, se constituyan como una plataforma de diálogo que permita la construcción de políticas públicas que fomenten la competitividad y la equidad entre los países de la región”, destacó.
Añadió que en un momento tan delicado en materia económica, donde prevalece una alta inflación, el crecimiento es magro y la generación de empleo está estancada, es trascendental que en México predomine un entorno de confianza, brinde certeza jurídica a todas las inversiones, se garanticen los derechos de las inversiones asentadas en territorio nacional y se genere un ambiente propicio para la llegada de nuevos capitales.
“México no puede darse el lujo de inhibir la llegada de más inversiones al país, sobre todo cuando tiene un alto potencial de atracción de inversión en el sector energético”, aseveró la Coparmex.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, insistió, está obligado a respetar y velar por el Estado de derecho, lo que implica que cumpla con sus obligaciones internacionales, especialmente con los compromisos en materia ambiental y aquellos derivados del T-MEC.
“Su acatamiento no debe ser entendido como voluntario sino como obligatorio, en tanto que se deriva de un claro mandato constitucional y de normas internacionales constituidas como ley suprema para nuestro país”, señaló Coparmex.
Las consultas, que iniciarán en un plazo de 30 días, representan para México la oportunidad de reconsiderar la participación de la inversión privada en el sector energético, apuntó.
“La participación privada en el sector hidrocarburos y eléctrico es un complemento a la inversión gubernamental y no una amenaza”, declaró la organización empresarial.
“Somos parte de la región más competitiva del mundo (Norteamérica), por lo que tenemos que actuar en conjunto con los Estados Unidos y Canadá”, expresó.
Hoy México, Estados Unidos y Canadá son economías complementarias y no socios distantes: “Y muestra de ello es que el 84% de nuestras exportaciones de enero a mayo de 2022 tuvieron como destino a nuestros vecinos del norte”, manifestó.
El sector manufacturero emplea a 9.3 millones de personas y genera 17% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, por lo que está íntimamente ligado al comercio con Estados Unidos y Canadá, agregó el sindicato patronal.
“De hecho, el 87% del valor de las exportaciones de nuestro país son manufactureras”, comentó.
La relación comercial y diplomática entre México, Estados Unidos y Canadá debe estar libre de tensiones y fortalecerse con base en el respeto y cumplimiento de la ley, de los acuerdos multilaterales y del diálogo, consideró la Coparmex.
