Los delitos por los que la FGR liberó las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
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Un juez del Estado de México liberó 83 órdenes de aprehensión contra autoridades estatales y federales que estuvieron presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La orden se dio a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ordenó aprehender a contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero.
También a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos los involucrados están vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores tras la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Los delitos por los que se liberaron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Este viernes 19 de agosto se dio a conocer que fue detenido Jesús Murillo Karam, ex líder de la PGR, quien fue aprehendido cerca de su domicilio y pasará la noche en el Reclusorio Norte.
De acuerdo con las investigaciones, Murillo Karam sería uno de 33 exfuncionarios públicos implicados en la alteración de hechos y circunstancias para llegar a la ‘Verdad Histórica’, la cual ocasionó violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
¿Cuál es la ‘Verdad Histórica’ del caso Ayotzinapa?
El sexenio anterior, encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, tenía su propia versión oficial sobre la desaparición de los normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
El informe establecía que una banda del crimen organizado, conocida como Guerreros Unidos, secuestró y ordenó el asesinato de los estudiantes. El jueves, esa versión cayó en propia voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
“La llamada ‘Verdad Histórica’ del Gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, sentenció Encinas en su informe presentado este jueves con las conclusiones del caso.
Fue el 27 de enero de 2015 cuando la investigación, realizada en el sexenio de Peña Nieto y encabezada por Murillo Karam, aseguró que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, sentenció en ese entonces el titular de la PGR.
