Organismos empresariales afirman que la Comisión Reguladora de Energía pide permisos injustificados a transportistas y distribuidores para acceder a terminales.
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Por Leticia Hernández
El sector privado alertó sobre el riesgo de desabasto de hidrocarburos de continuar lo que considera como permisos injustificados exigidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a transportistas y distribuidores para poder acceder a sus terminales.
Argumentó que la medida genera incertidumbre, toda vez que no hay fundamentos para esa acción y va en detrimento de la confianza y productividad del sector.
“De continuar con la solicitud de permisos y retención de tractocamiones en terminales por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), existe un alto riesgo de desabasto de gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo en el país”, alertaron la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO).
A pesar del diálogo solicitado, el sector privado dijo que no han recibido respuesta del regulador y que desde octubre enfrenta la aplicación del nuevo criterio, por el que tractocamiones de los permisionarios encargados del transporte y distribución de combustibles en el país deben estar autorizados ante la CRE para poder acceder a sus terminales.
“Este criterio ha causado incertidumbre entre los transportistas y los propios distribuidores de combustibles, puesto que no existe tal procedimiento en el Registro Federal de Trámites que prevea este tipo de permisos, así como tampoco existe un apartado para obtener los permisos para los tractocamiones expedidos por esta Comisión”, acusaron los organismos empresariales.
Transportistas temen que continúe la retención de sus unidades en terminales por la exigencia de esos permisos, y que se detenga el flujo de distribución de hidrocarburos con incidencias en la actividad económica.
Refirieron que el 40 por ciento de los petrolíferos que se consumen diariamente en el país se transportan por tractocamión, y que el 90 por ciento de la turbosina que demandan los aeropuertos se mueve a través del autotransporte de carga.
“Es nuestra responsabilidad consignar que tampoco existen fundamentos jurídicos que respalden la disposición implementada por la CRE”, coincidieron los organismos.
Señalaron que la vía del diálogo con la CRE no ha rendido frutos y que la aplicación del criterio ha continuado en varios recintos energéticos del país.
Afirmaron que la medida es inoportuna en medio de una recuperación económica, en donde se requiere de un clima de negocios productivo para que las empresas pueden realizar inversiones, crear empleos, facilitar procesos de encadenamientos productivos y expandir sus operaciones a través de la constante innovación de productos.
“Suspender las acciones indiscriminadas emprendidas por la CRE en las condiciones descritas anteriormente, se traducirá en eliminar el riesgo de afectar la economía familiar, y desalentar el desarrollo de la Industria Energética Mexicana”, apuntaron.
Solicitaron a las autoridades, “contar con las garantías mínimas necesarias para continuar desempeñando con responsabilidad, eficiencia y seguridad, el compromiso social de abastecer el combustible que demanda la Nación”.
