La iniciativa de reforma contempla la prohibición de venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos al interior de las escuelas.
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Por Víctor Chávez
Por unanimidad y en una de las votaciones más altas y pocas veces registrada y de asistencia en el salón de sesiones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíben la venta, distribución gratuita y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica.
El dictamen, que modifica la Fracción VIII del artículo 50 del citado ordenamiento legal, fue avalado por unanimidad de 494 votos, y turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El dictamen establece, dentro de las obligaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas, de las municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, prohibir también la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras de estos productos al interior de dichas instituciones.
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Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI, dijo que el reto es prevenir y combatir la obesidad infantil, así como fomentar en la niñez hábitos alimenticios saludables. Recordó que este dictamen es resultado de un gran consenso que tuvo continuidad, traspasó una legislatura y surgió de dos propuestas de Verónica Juárez y Claudia Domínguez.
“Estoy segura que este dictamen será un parteaguas respecto de la venta de alimentos al interior de las escuelas y sus frutos se van a reflejar en las próximas generaciones. Sin embargo, debemos admitir que está muy lejos de ser una solución integral para combatir la desnutrición crónica y aguda”, afirmó.
Consideró que la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y el impulso a programas de prevención e información, son retos que no sólo demandan legislar, sino demandan que “usemos el resto de nuestras facultades, la aprobación del presupuesto y la vigilancia de los recursos ya asignados, por cierto, cada vez más pocos”.
“Estamos dando un paso a que también sea un momento de reflexión para que en la aprobación del siguiente presupuesto le podamos agregar muchos más pesos en beneficio de la niñez”, dijo.
