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– Los prolongados tiempos de espera a los que están obligados los extranjeros que buscan asilo y la decisión de la autoridad de contenerlos en el sur del país, genera una crisis humanitaria que puede escalar, señalan expertos
Diego Badillo
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La semana que recién concluyó, mientras se desarrollaba la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, donde el gobierno de Estados Unidos buscaba acuerdos para frenar los flujos migratorios, la ciudad de Tapachula, donde durante los últimos tres años el gobierno mexicano ha decidido contener a los extranjeros que buscan llegar a la frontera norte del país, comenzó a desbordarse: una columna de alrededor de 10,000 venezolanos, cubanos, centroamericanos y africanos avanzó rumbo a la frontera norte del país, con el objetivo de ingresar a territorio estadounidense.
La caravana de extranjeros, que para el viernes ya se había fragmentado sobre las carreteras del sur del país, es la manifestación de un problema mayor. De acuerdo con la organización dedicada a la investigación sobre derechos humanos en América, WOLA, académicos y especialistas consultados por este periódico, los prolongados tiempos de espera a los que obligan a los migrantes que buscan se les reconozca la condición de refugio, así como la decisión de la autoridad de contenerlos en el sur del país, generó una crisis humanitaria.
Huyen de las violencias
Carlos Alberto González Zepeda, miembro del Grupo de Investigación del Seminario en Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional (GI-SEMMI) en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Cuajimalpa, comentó que se trata de una crisis humanitaria que tiene su origen en el desplazamiento de decenas de personas de países donde hay situaciones difíciles, de las cuales viene huyendo.
“En años pasados se hablaba de una situación eminentemente laboral, pero en los últimos tiene que ver particularmente con la violencia que priva en sus países de origen, tanto la propiciada por organizaciones criminales como la causada por el Estado. Eso los obliga a escapar para sobrevivir”, explicó.
Por su parte Alejandra Macías Delgadillo, directora ejecutiva de Asylum Acces, llamó la atención que en la mayoría de los casos de las personas que han ingresado a México en los últimos meses, son personas que buscan protección internacional.
“Están huyendo de sus países por los contextos de violencia que padecen. Por ello, es muy importante que el gobierno mexicano tenga protocolos para poder identificar a quienes puedan calificar para obtener la condición de refugiado”, recalcó.
La especialista recordó que el gobierno mexicano ha asumido compromisos específicos en esa materia, al ratificar convenios y tratados internacionales, como la convención de 1951, que obliga a los gobiernos a garantizar el principio de no devolución a un país donde su vida estuviera en riesgo.
“En la práctica esto no se está llevando a cabo, porque quienes están haciendo las detenciones son tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración, quienes no cuentan con estos protocolos y no dan acceso al procedimiento y, por lo tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no puede hacer una evaluación de quienes sí pueden ser reconocidos como refugiados o bien sujetos de la protección complementaria”.
La reconocida activista dijo que es necesario tener claro que las personas refugiadas son aquellas que se ven obligadas a salir de sus países de origen, debido a una situación de gran violencia o persecución. Los motivos de huida pueden ser políticos, religiosos, nacionalidad, raza, pertenecer a determinado grupo social o bien para escapar de situaciones de violencia generalizada o violación masiva de derechos humanos.
Recordó que es un derecho humano solicitar asilo; el problema es que a quienes lo necesitan no se les garantiza el derecho.
Macías Delgadillo enfatizó que la prolongada espera en el sur del país afecta a esas personas no solo físicamente, sino también en su bienestar emocional, por la incertidumbre en la que viven.
Para la activista, eso se traduce en una violencia institucional del gobierno mexicano al colocar a estas personas en una grave situación de riesgo constante.
En Tapachula se cuentan por miles los migrantes varados
Lo que se vive hoy en Tapachula y, que según activistas está llegando a una situación insoportable, comenzó a gestarse hace varios años. En 2017 comenzó a notarse un incremento en la llegada de migrantes, particularmente solicitantes de asilo y luego tuvo un crecimiento exponencial en 2019.
Si bien no hay un censo de los migrantes que permanecen en Tapachula, Chiapas, donde abundan en plazas, los datos oficiales sobre los solicitantes de asilo permiten darnos una idea de la dimensión del problema.
En 2017, la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) registró 70,327 solicitudes de asilo, cuando en 2018 atendió 29, 574, lo que significa un incremento de 138%. Con la pandemia bajó a 40,945, pero, para 2021, la cifra fue realmente dramática, pues ese año se registraron 130,627 solicitantes, lo que representa un incremento de 342%, si se compara con 2018. Si se coteja con 2013, cuando se atendieron 1,296 solicitudes entonces aumentó alrededor de 100 veces.
En 2021, la Comar resolvió 38,054 casos de asilo, con una tasa de otorgamiento de 72% o 74% si se toma en cuenta la llamada protección complementaria.
El problema es que hay un rezago en la revisión de las solicitudes de asilo, además de que se siguen incrementando. Tan solo de enero a abril de 2022, se recibieron 40,026 solicitudes.
Si bien la ley dice que en un plazo de 45 días hábiles se les debe dar respuesta, en realidad tardan meses y los solicitantes son obligados a permanecer en la ciudad donde hicieron la solicitud.
Pero ese es solo uno de los elementos que ha generado el problema.
La Guardia Nacional los contiene en Chiapas
El 20 de marzo de 2020, durante el gobierno del presidente Donald Trump, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden de salud pública conocida como Título 42, con el objetivo de contener la propagación de la pandemia de la Covid-19. Eso permitió a los agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) detener y enviar inmediatamente a México a las personas que intentan cruzar sin visa a ese país. A los no mexicanos los regresan a México con el argumento de que el Título 42 señala que deben ser devueltos al país de último tránsito.
Eso, además de incrementar el número de migrantes en la frontera norte, ha mandado la señal a los que apenas van entrando a Chiapas que es difícil cruzar y entonces tratan de buscar asilo en México.
Pero no es solo la decisión de los migrantes de esperar, sino que hay una clara intención del gobierno mexicano de contener a los migrantes en el sur del país a través de la Guardia Nacional.
Según el informe “Luchando por sobrevivir: la situación de las personas solicitantes de asilo en Tapachula, México” realizado por Stephanie Brewer, Lesly Tejada y Maureen Meyer de Wola, hasta finales de abril de 2022, había 28,542 elementos militares desplegados en funciones de control migratorio en las fronteras de México. Los datos disponibles sugieren que las fuerzas militares, en particular el Ejército y la Guardia Nacional, llevan a cabo o colaboran en la mayoría de las detenciones migratorias en el país, privando de la libertad a cientos de miles de migrantes en los últimos años.
Adicionalmente, de acuerdo con el informe de seguridad del 20 de abril pasado del gobierno federal, además había desplegado 1,548 efectivos en la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas.
Según el informe de WOLA, “mientras están atrapadas en Tapachula, las personas solicitantes de asilo luchan por sobrevivir. Los esfuerzos de las autoridades mexicanas por contenerlas allí son arbitrarios e insostenibles”.
Además, señala que las personas solicitantes de asilo en Tapachula se enfrentan a escasas oportunidades de empleo, obstáculos en el acceso a servicios de salud y escasez de viviendas asequibles, y los programas de apoyo del gobierno, las Naciones Unidas y la sociedad civil son insuficientes para satisfacer los niveles abrumadores de demanda. La proximidad de Tapachula a Centroamérica ocasiona que algunas personas corran el riesgo de encontrarse con sus agentes de persecución.
Las personas solicitantes de asilo también se enfrentan a abusos por parte de las autoridades, que van desde la detención arbitraria a la extorsión y otras formas de violencia. Las mujeres y las personas migrantes afrodescendientes se enfrentan a situaciones particulares de riesgo y discriminación.
“Todos estos factores apuntan a la necesidad de poner fin a la política de contención de las personas solicitantes de asilo”, subraya.
En ese sentido Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación humana y una de las personas que encabeza la caravana que avanzó la semana que recién termina hacia el norte, dijo que la situación desesperante que se vive en Tapachula motivó a los extranjeros a salir a las carreteras.
Llamó la atención que de Tapachula partieron en la caravana al menos 93 mujeres embarazadas y alrededor de 3,000 niños.
En ese sentido, Carlos Alberto González Zepeda destacó que cuando llegan a la frontera sufren otro tipo de violencia por parte del gobierno mexicano, que los tiene ahí retenidos por un tiempo prolongado, debido a que no resuelve su situación migratoria.
Dijo que esas violencias han motivado que los migrantes opten por desplazarse en caravanas, porque es la forma que han encontrado para avanzar sin ser tan vulnerables ante la delincuencia organizada y traficantes de personas que los ven como mercancía y las autoridades migratorias y policiacas.
También indicó que lo que se vive en las carreteras del sur del país también es la consecuencia de un control con discurso humanitario que ejerce el gobierno contra esas personas. “Por un lado, exponen un discurso de puertas abiertas hacia los migrantes, pero militarizan la frontera, realizan detenciones arbitrarias y cometen abusos a los derechos humanos de los extranjeros”.
“En los hechos la respuesta del gobierno ha sido nula. Les dice que va a respetar su tránsito, que se van a respetar sus derechos humanos, e incluso les ha dicho van a acceder a servicios de seguridad social, pero, en el campo lo que se ve es el accionar del gobierno a través de sus instituciones violentando, criminalizando y estigmatizando a los migrantes”.
Según el investigador, eso ha motivado incluso que en algunas localidades la población vea a los migrantes como una amenaza.
Lo grave, añadió, es que el Estado no está resolviendo el problema de los migrantes, sino que los violenta. Ver este despliegue de la Guardia Nacional, muestra que no hay la capacidad de las instituciones para regularizar los movimientos migratorios, apegados a derecho humano; lo que vemos es la persecución y criminalización del migrante. Lo que están haciendo es generar puntos de contención para la detención y deportación de esas personas.
Por su parte Macías Delgadillo destaco que el gobierno mexicano se ha negado a incrementar el presupuesto para la Comar a pesar de que en los últimos años ha sido elocuente el incremento en el número de solicitudes de asilo que recibe y debe procesar. Además ha sido una demanda constante de organizaciones de la sociedad civil e internacionales.
En ese sentido, subrayó que a pesar de esas solicitudes expresas, el gobierno ha preferido aumentar el presupuesto al Instituto Nacional de Migración y reducir el de la Comar.
Carlos Alberto González Zepeda dijo que esa situación puede escalar porque la política migratoria de México en estos momentos está respondiendo a los intereses de Estados Unidos.
Es por ello por lo que se ha dado el fenómeno de externalización de la frontera, que significa que si bien formal y físicamente la línea divisoria entre México y Estados Unidos está en cierto punto identificado por todos, en términos de contención migratoria, en realidad está al sur de México, porque es ahí donde se está deteniendo a la gente que quiere entrar a territorio estadounidense.
Pero la contención se está desbordando.
diego.badillo@eleconomista.mx
