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– Hasta el momento el programa insignia de la STPS ha beneficiado a 1.8 millones de jóvenes y la meta para el próximo años es que se inscriban 400,000 jóvenes más. En el PEF 2022 se le autorizó un presupuesto de 21,696 millones de pesos
Blanca Juárez
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Tras el aumento de 22% al salario mínimo general (SMG) autorizado para 2022, la beca para aprendices Jóvenes Construyendo (JCF) pasará de 4,310 a 5,258.13 pesos al mes a partir del próximo año. Éste es el tercer incremento sustancial al monto que reciben a través de este programa, el cual prácticamente se ha duplicado desde que inició operaciones en 2019.
De acuerdo con la actualización de las reglas de operación del programa insignia del gobierno federal que analiza la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), todavía no se contempla como requisito para ingresar al programa presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), trámite que se convertirá en obligatorio para las personas mayores de 18 años a partir del próximo año de acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2022 aprobada por el Congreso de la Unión.
JCF es un programa del gobierno del presidente Andrés Manuel López obrador dirigido a quienes tienen entre 18 y 29 años y no laboran y tampoco cursan estudios. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se encarga de vincular a las y los becarios con empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales para que se capaciten laboralmente y adquieran “competencias, aptitudes, conocimientos y valores” que les ayudarán a conseguir un empleo.
Cada mes, reciben una beca equivalente al salario mínimo para que puedan trasladarse a los centros de trabajo o compren alimentos básicos. Comenzó a operar en enero de 2019 y en ese año el gobierno les depositó de manera directa a sus cuentas bancarias 3,600 pesos cada mes. En 2020, el apoyo creció a 3,748 pesos y durante este año han percibido 4,310 pesos.
De acuerdo con la página electrónica del programa, en la actualidad hay un poco más de 451,000 jóvenes vinculados y vinculadas en más de 361,000 centros de trabajo. La mayoría, 265,783, son mujeres y 185,780 son hombres. Chiapas, Tabasco y Veracruz son las entidades federativas con mayor número de personas inscritas.
Más de “2.3 millones de jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan y que habitan primordialmente en municipios de alta y muy alta marginación, con altos índices de violencia o que pertenecen a grupos históricamente discriminados no cuentan con oportunidades para desarrollar actividades productivas”, señala el Diagnostico Programa presupuestario S-280 Jóvenes Construyendo el Futuro, documento elaborado por la STPS y publicado en agosto de este año.
Hasta el momento el programa ha beneficiado a un grupo de 1.8 millones de jóvenes y la meta para el próximo año es que se inscriban 400,000 jóvenes más. El Congreso de la Unión autorizó una partida de 21,696 millones de pesos para este fin dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
Otros beneficios del programa
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población de 20 a 29 años es la que tiene un mayor número de personas desocupadas. Al tercer trimestre de 2021, casi 913,000 personas de este rango de edad que antes de la pandemia tenían un empleo no habían regresado al mercado laboral. La primera causa por la que no están trabajando es porque perdieron su empleo o éste terminó, en segundo lugar, porque renunciaron. Por falta de experiencia laboral es el tercer motivo para este grupo, pero es el que más se menciona en comparación con poblaciones de mayor edad.
El diagnóstico de la STPS indica que “uno de los grupos históricamente discriminados es el de las mujeres”. Y entre ellas, el de las jóvenes “es uno de los más marginados en el acceso a recursos educativos, lo cual contribuye a colocarlas en sectores pobres de la economía y limita su capacidad para obtener puestos que requieren ciertos niveles de conocimiento”. Muchas “cargan con el grueso de las obligaciones familiares, a menudo no tienen la capacidad para invertir en su profesionalización”.
Cuatro de cada 10 personas de 19 y 24 años son mujeres que no tienen un trabajo remunerado y no estudian, y uno de cada 10 es hombre, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). El 45% de las jóvenes y los jóvenes sin empleo y que no están inscritos en la escuela tiene hijos.
Las reglas de operación de JCF señalan que “el monto se entregará de manera igualitaria, tanto para hombres como para mujeres sin distinción alguna, en las diferentes regiones y entidades federativas del país”. Al formar parte del programa, las y los becarios tendrán derecho a un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Dicha cobertura la otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los requisitos y la documentación para inscribirse son:
Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse
No estar trabajando ni estudiando
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Identificación oficial vigente
Comprobante de domicilio actual, como recibo de luz, agua, predial o teléfono
Fotografía del rostro con el código QR que proporcione la Plataforma Digital al momento del registro
En el programa pueden participar jóvenes migrantes, pero sólo quienes hayan podido regular su estancia en el país, pues les pedirán un documento expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).
No todas las actividades están permitidas
Los centros de trabajo que pueden ofrecer capacitación van desde pequeños talleres o negocios barriales hasta grandes empresas o instituciones públicas. Las actividades también son amplias, pero hay algunas que la STPS prohibe:
Trabajo doméstico
Ventas multinivel o esquemas piramidales
Vigilancia, veladores, personal de seguridad para resguardo de bienes o personas y traslado de valores
Choferes personales
Actividades de culto religioso
Actividades de proselitismo político-electoral o dentro de un partido político
A partir del primer mes de capacitación podrán descargar una Carta de acreditación, en la que se dará cuenta del tiempo que hayan participado en el programa. “Dicho documento contará con un código único de validación que permita verificar su autenticidad”, indican las reglas de operación.
Al finalizar los 12 meses obtendrán una Constancia de capacitación. En ella se “describirán las competencias técnicas adquiridas y/o el área de interés”. También este documento llevará un código único de validación. Además, el centro de trabajo les podrá expedir cualquier otra acreditación o certificación sin costo alguno.