La FGR dijo que intentará con un nuevo expediente la judicialización del caso, y llevará a cabo todos los recursos procedentes que tenga para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.
Jorge Monroy
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La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que armará un nuevo expediente para solicitar a un juez -por segunda ocasión- orden de aprehensión en contra 31 científicos a quienes acusa de haber desviado recursos, no obstante de que dichos montos fueron autorizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como lo determinó este miércoles un juez que negó las órdenes de aprehensión.
Cabe destacar que este miércoles, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, por delitos patrimoniales en contra del erario público. Esto a raíz de una denuncia que presentó ante la FGR la titular del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla.
Ante esa negativa, la Fiscalía dijo que el Ministerio Público de la Federación no coincide con los argumentos expuestos por el juez, “y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.
“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, afirmó la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero.
El juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, señaló en su negativa que la empresa privada que se creó (Foro Consultivo Científico y Tecnológico), y a la cual se incorporaron los 31 investigadores para recibir recursos federales destinados a la investigación científica, no es un hecho delictivo en razón de que el Foro fue autorizado por el Conacyt.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, argumentó la Fiscalía.
La FGR dijo que intentará con un nuevo expediente la judicialización del caso, y llevará a cabo todos los recursos procedentes que tenga para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.
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