Foto: Dado Ruvic / Reuters
– Ante una nueva regulación en Australia que obligará a los titanes digitales a pagar por el contenido noticioso disponible en sus plataformas, Google optó por acelerar sus convenios económicos con los editores de prensa de ese país, mientras que Facebook prohibió todo ese tipo de contenido en su plataforma.
José Soto Galindo
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Australia es el nuevo campo de batalla de bárbaros contra aristócratas. Los bárbaros, como la nueva élite del consumo, la cultura y los negocios en internet; los aristócratas, como la vieja burguesía de las industrias tradicionales, los mass media y la regulación, adaptando la cartografía propuesta por Alessandro Barico en Los bárbaros (2008). En Australia, una isla en el Pacífico distante 14,500 kilómetros de México y tan próxima a través de internet, el regulador antimonopolios propuso al Parlamento una ley que obliga a Google y Facebook a pagar a periódicos y noticieros de radio y televisión por los contenidos informativos que se encuentren disponibles en esas plataformas digitales.
No es un impuesto, sino una retribución económica que Google y Facebook tendrán que pagar a la vieja aristocracia con la intención de nivelar la competencia digital y compensar presuntos ingresos no devengados por los medios tradicionales a causa del acaparamiento de la publicidad digital por los nuevos barones transplanetarios. Se calcula que Google y Facebook concentran 80% de la publicidad digital en Australia; 70% en Reino Unido, y 50% en Estados Unidos (para México, por supuesto, no existen datos; lo más cercano a un dato es la investigación que inició Cofece en agosto de 2020 sobre posibles prácticas monopólicas, sin mencionar nombres).
Ambos gigantes tecnológicos amenazaron con suspender sus servicios en Australia, como medida de presión contra la nueva regulación, pero sólo uno cumplió su palabra: Facebook, que el 17 de febrero retiró de su plataforma todas las publicaciones de medios informativos y suspendió sus respectivas páginas.
Google, en cambio, capituló. Ese mismo día se anunció un pacto económico con el imperio mediático de Rupert Murdoch (Fox News, New York Post, Sky News, HarperCollins) para el licenciamiento de contenido de distintas marcas del consorcio, incluidas las que exigen suscripción, como The Wall Street Journal. Antes Google firmó con los otros grupos mediáticos australianos Seven West Media y Nine Entertainment, adelantándose a la nueva regulación con sus propios acuerdos. Murdoch es poderoso en todo el mundo y sólo en Australia, su país natal, emplea a más de 3,000 periodistas y a un número desconocido de políticos profesionales, algunos de ellos impulsores de la nueva regulación.
Apenas cuatro semanas antes del anuncio, Google había amenazado con bloquear el uso de su buscador a los usuarios australianos. ¿El pacto con News Corp es un cambio de postura? “No”, me respondió un vocero de la compañía en México cuando se lo pregunté. El acuerdo, dijo, es parte de la iniciativa global Google News Showcase, que cuenta con un fondo de 1,000 millones de dólares para pagar por las noticias. El vocero citó a Kent Walker, director jurídico global de Google: “Google News Showcase paga a los editores y apoya el periodismo local en Australia y en más de una docena de países. A través de estas asociaciones, estamos pagando cantidades significativas para apoyar a las organizaciones de noticias grandes y pequeñas, y más por venir”.
La amenaza cumplida de Facebook es ciertamente más sorpresiva y hasta parece más grave que la capitulación de Google, pero no lo es. La red social en Australia se queda sin contenido noticioso y su oferta regresa al origen: gatitos, fotos familiares, chistes y memes. Basta recordar aquella frase medio en serio y medio en broma de Mark Zuckerberg, creador y director de Facebook, sobre lo que la red social debía considerar como noticia: “Una ardilla muriendo en tu jardín puede ser más relevante para ti en este momento que personas muriendo en África” (la cita, nunca desmentida, la publicó David Kirkpatrick en su libro The Facebook Effect de 2010).
En cambio, el camino que ha tomado Google de pagar por el contenido por obligación legal puede abrir nuevos retos y amenazas a la independencia del periodismo, la libertad de expresión y el derecho a la información, considerando que sus servicios de búsqueda representan más de 90% en la mayoría de los países occidentales y que su sistema operativo para teléfonos se encuentra activo en 70% de aparatos a escala global. Todo esto, en un entorno donde cada vez más los agentes privados tutelan derechos fundamentales.
La aproximación regulatoria australiana parte de una base de competencia económica, de la regulación por un mercado parejo, pero es un asunto de múltiples y espinosas aristas que incluso ha enfrentado a Estados occidentales, como ocurrió con la llamada “tasa Google” en Francia (adoptada luego por España y la Unión Europea) que encrespó los ánimos de los presidentes francés, Emmanuel Macron, y estadounidense, Donald Trump.
Sobre el pago por el contenido, de lado de las plataformas digitales se tiene muy claro cuánto cuesta cada cosa: es su negocio y lo conocen al dedillo. Han creado los estándares. Del lado de los medios, es una lucha por la sobrevivencia sobre una producción con precios indeterminados. ¿Cuánto cuesta un breaking news? ¿Cuánto aporta un enlace referenciado en la facturación de un medio? ¿Cómo se valúa el prestigio, la reputación, la velocidad del servicio informativo? Pero quizá lo más importante: ¿cómo se generan ingresos a través de esos valores y servicios?
En el fondo, hablamos también de un tema de tributación, de la forma en que los Estados imponen obligaciones fiscales, y no hay consenso sobre la manera de fiscalizar a las compañías globales: “Con la economía digital, el marco fiscal ha quedado obsoleto. No queda claro cuál es el tipo impositivo para la tributación de las empresas altamente digitalizadas”, me dijo Israel Santos Flores, doctor en derecho tributario e investigador de la UNAM.
Las plataformas, por su naturaleza intrínseca de innovación y velocidad de ejecución, han delineado los nuevos hábitos de consumo, educativos y de negocio, y han puesto en predicamento a los actores tradicionales. Y eso ocurrió sin que la regulación se adaptara al abordaje de los bárbaros sobre los negocios de los aristócratas. Por eso hoy vemos propuestas sobre regulación de las redes sociales en México, investigaciones por presunto monopolio en Estados Unidos, discusiones sobre imposiciones tributarias en Francia y España o de competencia económica en Australia.
El asunto también es una demostración de fuerza, una exhibición tête-à-tête del poder de cada actor en conflicto. Para Jeff Jarvis, profesor de City University of New York y autor del libro What Would Google Do? de 2009, consultado para este artículo, queda claro que en el caso australiano se debió a una extorsión de Murdoch y su camarilla: “Rupert Murdoch cobró su capital político para presionar a favor de una legislación proteccionista que obstaculice a sus competidores en internet y los chantajee para que le paguen a él y a otros editores. (…) El dinero que pagan Google y Facebook no es realmente por noticias; es para conseguir que los editores dejen de presionar a los políticos a adoptar leyes que dañarán más internet. Me decepciona que Google cediera ante Murdoch y sus políticos. Me alegro de que Facebook evidenciara su engaño”, me dijo Jarvis.
En un mercado sano, agregó Jarvis, “los dueños de los medios deberían pagar a Google por el valor que les genera al enviarles lectores a sus sitios de noticias”.
Australia muestra otro fleco de un problema cada vez más áspero, el nuevo campo de batalla entre bárbaros y aristócratas cuyo resultado aportará nuevas pistas a una discusión global.
