El presidente se ha autoproclamado vencedor, ha declarado que el escrutinio de los votos es “un fraude” y ha amenazado con solicitar al Supremo que cancele inmediatamente el recuento
PABLO PARDO
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Estados Unidos ha caído en su mayor crisis institucional y política desde la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974. Un día después de las elecciones presidenciales, el país no solo no sabe quién va a ser el jefe del Estado y del Gobierno, sino que la persona que ostenta el cargo, Donald Trump, se ha autoproclamado vencedor, ha declarado que el escrutinio de los votos es “un fraude”, y ha amenazado con solicitar al Tribunal Supremo que cancele inmediatamente el conteo.
Por el momento, sin embargo, el presidente no ha adoptado ninguna de esas medidas, que parecen destinadas a que se concluya el conteo del voto, en el que el aspirante demócrata Joe Biden podría alcanzar en cualquier momento el mínimo necesario para obtener técnicamente la victoria. A última hora del miércoles, Biden asistaba un revés a su rival al adjudicarse Michigan y Wisconsin, dos estados clave que allanan su camino hacia la Casa Blanca. Sin embargo, Trump ha lanzado una ofensiva legal en tres estados -Wisconsin, Michigan y Pensilvania- para impugnar los resultados en los dos primeros y limitar la recepción de votos en el tercero, lo que implicaría que cientos de miles de papeletas que irían para Biden serían invalidadas. Horas después ha presentado una cuarta demanda judicial para que se cancele el recuento de votos en Georgia donde su ventaja ha caído del 2% al 1%, a medida que se va contando el voto en la ciudad de Atlanta, mayoritariamente afroamericana, es decir, demócrata.
Con esos procesos legales, más lo ajustado de la ventaja de Biden en Arizona y Nevada, queda claro que una cosa es tener teóricamente la victoria y otra ganar. Lo único claro es que el demócrata es ya el candidato más votado de la Historia de EEUU, con 69,5 millones de votos. Pero eso no se traduce automáticamente en un triunfo. De hecho, es posible que Biden obtenga 270 compromisarios -uno más de los necesarios para ganar – lo que, en sí mismo, sería un récord, pero a la baja: nunca en la Historia de Estados Unidos se han producido unas elecciones en las que el vencedor haya tenido una victoria tan ajustada en el llamado Colegio Electoral, que es el órgano que, en la práctica, hay que obtener para ser presidente.
Paradojas en la Historia, este año, una de las compromisarias del Partido Demócrata en el Colegio Electoral, en representación del estado de Nueva York, es Hillary Clinton. La mujer a la que Trump derrotó hace cuatro años dará, así, su voto contra el presidente y en favor de Joe Biden, cuyas aspiraciones a la Casa Blanca bloqueó, con la ayuda de Barack Obama, en 2016.
Así que EEUU corre el riesgo de caer en un periodo de incertidumbre que se prolongue hasta que el 14 de diciembre el Colegio Electoral se reúna en lo que se supone que es un encuentro meramente formal para ratificar el vencedor de los comicios. Es el clímax de un año marcado por el ‘impeachment’ del presidente -el cuarto en la Historia del país-, los peores disturbios raciales desde 1968, y la pandemia del coronavirus, que ha causado más de 233.000 muertes y ha hecho de EEUU, tras Bélgica y España, el país industrializado con un número más alto de muertes en relación a su población.
UNA ESTRATEGIA QUE PONE EN DUDA EL PROCESO
La actitud de los asesores de Trump es indicativa de su estrategia, que parece destinada más a cuestionar la integridad del proceso que a plantear un verdadero desafío legal que probablemente no iría muy lejos. Eso se debe a tres razones. Por un lado, el propio Tribunal Supremo avaló la semana pasada, en un dictamen de urgencia ante sendos recursos presentados por el Partido Republicano, el sistema de recuento de los votos de Michigan y Wisconsin. Por consiguiente, parece improbable que esa misma instancia judicial vaya a desdecirse ahora, salvo que el equipo de Donald Trump presente pruebas de fraude. Otra cosa es el caso de Pensilvania, donde esa instancia judicial se reservó el derecho de intervenir esta semana, a pesar de que los votos ya están siendo tabulados. La cuestión es que Biden podría no necesitar de Pensilvania para ganar.
El segundo elemento es el carácter selectivo de la petición de Trump de que se dejen de contar los votos. El miércoles de madrugada, el presidente ha dicho que “no queremos que encuentre votos a las cuatro de la mañana y los añadan a la lista”, en una referencia velada a un posible -pero nunca denunciado, y menos aún probado- fraude en Wisconsin, Michigan, y Pensilvania, donde en aquel momento iba ganando. Sin embargo, en el mismo discurso reclamó que el conteo en Arizona y Nevada, donde va por detrás de Joe Biden, continúe sin interrupción.
Y el tercer factor es la propia personalidad de Donald Trump. En junio de 2016, el diario USA Today informó de que el entonces candidato Donald Trump ha interpuesto 1.600 demandas, querellas y denuncias en su carrera profesional. Acudir a los tribunales para solventar cualquier litigio es el procedimiento habitual de Donald Trump, que a menudo emplea una guerra de desgaste legal contra sus enemigos, al extremar el uso de tácticas dilatorias, aplazamientos y recursos. Así que, si en 50 años de vida privada como empresario y estrella de reality shows Trump ha recurrido a la Justicia a un ritmo de una vez cada 11 días (contando festivos), ¿por qué no lo va a hacer cuando está en juego seguir siendo la persona más poderosa de la Tierra?
Con esas incertidumbres en el frente legal, el siguiente elemento es el aritmético. Ahí es donde radica la principal ventaja de Biden, cuya campaña se mostraba ayer confiada de que pudiera lograr la victoria en las próximas horas. Incluso aunque el ex vicepresidente con Barack Obama pierda Pensilvania -el estado considerado hasta ahora clave- podría ganar si retiene los cuatro mencionados más arriba. Biden tiene, además, una inesperado vía de acceso a la presidencia en Georgia, donde solo le separan seis décimas de Trump.
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La clave de ese estado es que aún no ha concluido el recuento de votos de la ciudad de Atlanta, cuya importante población negra vota demócrata. El problema, sin embargo, es que el escrutinio en esa ciudad -sede de Coca-Cola, la cadena de televisión CNN o la aerolínea Delt – está siendo un caos, con interrupciones y enfrentamientos entre los distintos órganos locales, controlados por los demócratas, y el estado, en manos de los republicanos.
La cuestión es más profunda, y afecta a la estructura institucional de EEUU, una democracia creada sobre el principio “un hombre, un voto” hace 244 años, pero en la que no hay ningún equivalente a la Junta Electoral Central española que fiscalice la limpieza de las elecciones. Al contrario. Los políticos controlan los comicios, y los enfrentamientos entre los gobernadores -demócratas- y los Congresos -republicanos- de Pensilvania, Wisconsin y Míchigan, por ejemplo, son una de las razones de que estén tardando tanto en contar los votos en esos territorios. Además, en un país basado sobre la idea del federalismo y la subsidiariedad, cada condado establece sus propias normas electorales, lo que está complicando el recuento en, por ejemplo, Pensilvania. En esta situación, eso garantiza la división del país, y facilita la deslegitimización del rival.
