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– Te explicamos qué es lo que pasará luego de las elecciones del 3 de noviembre y si hay alguna impugnación del proceso
REDACCIÓN
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que no aceptaría los resultados de la elección presidencial al atacar continuamente la confiabilidad y legitimidad del voto por correo y sentando las bases para no aceptar una derrota alegando un fraude electoral.
Pero, incluso si la elección es complicada y disputada en los tribunales, la Constitución de Estados Unidos y la ley federal garantizan que haya un presidente el Día de la Inauguración, el próximo 20 de enero.
Esto es lo que sucede después de que los votantes vayan a las urnas el 3 de noviembre:
Primero, los estados tienen más de un mes para contar las boletas, incluyendo las boletas enviadas por correo, y realizar recuentos si es necesario.
Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier disputa sobre la votación.
Si la noche electoral no hay un claro ganador, las campañas del presidente estadounidense Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden están armando sendos grupos de poderosos abogados expertos en disputar votos y recuentos. De suceder esto, es bastante probable que la batalla ascienda rápidamente hasta el Tribunal Supremo porque por ley los estados tienen que declarar su resultado oficialmente antes del 8 de diciembre.
Luego, los votos electorales de los estados deben emitirse el 14 de diciembre (los tribunales tendrán esto en cuenta al arbitrar cualquier disputa).
Ese día los electores del colegio electoral se reúnen en sus respectivos estados, donde emiten sus votos para presidente y vicepresidente en papeletas separadas. Con esto, gana el candidato que obtenga al menos 270 de los 538 votos electorales.
El Congreso recién elegido luego cuenta esos votos el 6 de enero, en una sesión conjunta dirigida por Mike Pence, el vicepresidente en ejercicio.
Según la ley federal, se puede presentar una objeción a los votos electorales de un estado al presidente del Senado durante el conteo de votos electorales del Congreso en enero.
La objeción debe hacerse por escrito y estar firmada por al menos un senador y un miembro de la Cámara de Representantes. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes debaten la objeción por separado. El debate está limitado a dos horas. Tras el debate, tanto el Senado como la Cámara de Representantes se reincorporan y ambos deben acordar rechazar los votos.
¿Qué sucede si con esto aún no hay un ganador?
La 12ª Enmienda dice que en ese caso, la Cámara de Representantes elige al presidente y el Senado elige al vicepresidente.
El nuevo Congreso que ingresa en enero es el encargado de llevar a cabo las llamadas “elecciones contingentes”. El presidente solo ha sido seleccionado de esta manera una vez, en 1825. El ganador fue John Quincy Adams.
En una elección contingente, los miembros de la Cámara deben elegir entre las tres personas con más votos electorales. Cada delegación estatal obtiene un voto y se requieren 26 votos para ganar. En el Senado, la elección es entre los dos principales votantes electorales y cada senador obtiene un voto, con 51 votos necesarios para ganar.
¿Qué pasa si la Cámara no ha elegido un presidente para el Día de la Inauguración?
Entonces la vigésima enmienda toma el control. Dice que el vicepresidente electo actúa como presidente hasta que se elige un presidente. ¿Y si no hay vicepresidente seleccionado por el día de la inauguración?
Bueno, entonces se aplica la Ley de sucesión presidencial.
Dice que el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Senado o un funcionario del Gabinete, en ese orden, actuaría como presidente hasta que haya un presidente o un vicepresidente.
Batalla legal por la Casa Blanca
Decenas de abogados de los republicanos y de los demócratas están chocando ya en tribunales en todo el país por los plazos para la votación por correo y otros asuntos creados por la pandemia de coronavirus.
Y ambas partes han preparado enormes operaciones legales con vistas a una contienda que termine en la Corte Suprema.
En el lado demócrata, el programa de protección de elecciones de la campaña de Biden incluye un equipo nacional especial de litigio con centenares de abogados dirigidos por Walter Dellinger, procurador general interino durante el gobierno de Bill Clinton, y Donald Verrilli, procurador general durante la presidencia de Barack Obama, entre otros.
Tras bambalinas, Trump y los republicanos han estado armando un equipo legal que incluye a Jay Sekulow, uno de los principales abogados del presidente durante el juicio político y la investigación del fiscal especial sobre Rusia, que es un experto en litigios ante la Corte Suprema.
Y, en un giro extraordinario, el presidente ha presionado para que su nominada a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, sea investida lo más pronto posible, diciendo que es importante tener nueve jueces en la corte para decidir cualquier disputa electoral. La jueza fue confirmada este lunes 26 de octubre.
Un grupo llamado Abogados por Trump, cuya junta asesora incluye al secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, y al abogado de Trump Rudy Giuliani, está reclutando a abogados retirados y estudiantes de derecho.
Biden ha estado creando también un equipo legal que su campaña dice está concentrado en combatir al supresión de votantes en las urnas y garantizar que se cuenten todos los votos.
Bob Bauer, exasesor legal de la Casa Blanca de Obama, y la asesora legal de la campaña de Biden, Dana Remus, están concentrados en la protección de los derechos de los votantes, que han estado soportando largas colas en las casillas en todo el país convencidos de que la elección presidencial será decidida por sus boletas.
La contienda es considerada ya la más litigada en la historia de Estados Unidos, con unas 260 demandas desde el comienzo de la pandemia, de acuerdo con un conteo.
Incertidumbre
La incertidumbre en medio de altas expectativas de victoria de cualquiera de las partes corre el riesgo de disturbios civiles que aumentan la presión para que una de las partes ceda.
También podría enfrentar a los militares contra los civiles que han tomado las calles. “Los líderes ya están pensando en el potencial de disturbios”, dijo un exalto oficial militar en contacto con altos funcionarios del Pentágono al Financial Times.
El liderazgo del Pentágono ha insistido en que el ejército estadounidense no tiene ningún papel que desempeñar en la disputa electoral y ha desalentado abiertamente a Trump de invocar la Ley de Insurrección de 1807, que le daría la autoridad para desplegar tropas para sofocar cualquier malestar civil, señala el medio estadounidense.
Pero en una carta abierta publicada en septiembre, dos estrategas militares, ambos veteranos del Ejército, sugirieron que el general Mark Milley, el principal oficial uniformado de Estados Unidos, debería ordenar al ejército estadounidense que destituya a Trump por la fuerza si se niega a dejar el cargo.
Kori Schake, experto en relaciones cívico-militares del conservador American Enterprise Institute, dijo que esta propuesta es inconstitucional y peligrosa. Si alguien escoltara a un presidente perdedor de la Casa Blanca, sería el Servicio Secreto, no el Ejército.
Larga historia de resultados disputados
Estados Unidos tiene una larga historia de elecciones disputadas. Con una excepción, no han dañado gravemente el sistema político estadounidense.
En 1800, tanto Thomas Jefferson como Aaron Burr recibieron el mismo número de votos en el Colegio Electoral. Como ningún candidato obtuvo una clara mayoría de votos electorales, la Cámara de Representantes siguió la Constitución y convocó una sesión especial para resolver el estancamiento mediante una votación. Se necesitaron 36 votos para darle la victoria a Jefferson, que fue ampliamente aceptada.
En 1824, Andrew Jackson ganó el voto popular contra John Quincy Adams y otros dos candidatos, pero no logró la mayoría necesaria en el Colegio Electoral. La Cámara, de nuevo siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, seleccionó a Adams como el ganador sobre Jackson.
La elección de 1876 entre Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden fue impugnada porque varios estados del sur no certificaron claramente a un ganador. Esto se resolvió mediante negociaciones entre partidos realizadas por una Comisión Electoral establecida por el Congreso.
La contienda entre el demócrata John F. Kennedy y el republicano Richard Nixon en 1960 estuvo plagada de acusaciones de fraude electoral, y los partidarios de Nixon presionaron por recuentos agresivos en muchos estados. Al final, Nixon aceptó a regañadientes la decisión en lugar de arrastrar al país a una discordia civil durante las intensas tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética de la Guerra Fría.
En 2000, el candidato republicano George W. Bush y el candidato demócrata Al Gore se enredaron sobre las votaciones disputadas en Florida. La Corte Suprema puso fin a un esfuerzo de recuento y Gore admitió públicamente su derrota, reconociendo la legitimidad de la victoria de Bush al decir: “Si bien estoy totalmente en desacuerdo con la decisión de la Corte, la acepto”.
La elección de 1860 fue una historia diferente. Después de que Abraham Lincoln derrotó a otros tres candidatos, los estados del sur simplemente se negaron a aceptar los resultados. Consideraron que la selección de un presidente que no protegería la esclavitud era ilegítima e ignoraron los resultados de las elecciones. Fue solo a través de la Guerra Civil, la cual fue profundamente sangrienta, que se resolvió.
Con información de AP, Financial Times, Bloomberg y The Conversation.
