Resolución judicial y contexto del fallo
Un juez de control en la Ciudad de México giró recientemente una orden de arresto administrativo de 12 horas contra Gustavo Adolfo Infante, tras determinar que habría violado medidas de restricción previas que le impedían hacer menciones públicas sobre Maribel Guardia.
La orden fue emitida la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025, luego de que se concluyera que el comunicador utilizó sus plataformas digitales para realizar “expresiones consideradas despectivas” hacia la actriz.
Medidas anteriores y posibles causas del incumplimiento
En septiembre de 2025, un juez ya había dictado medidas cautelares en favor de Maribel Guardia y su esposo, que prohibían al periodista acercarse, contactar o mencionar a la actriz mediante cualquier medio —incluidos programas de televisión y redes sociales—.
El nuevo fallo señala que dichas medidas fueron supuestamente ignoradas cuando Infante volvió a hacer referencias hacia la actriz, lo que motivó la emisión de la orden de arresto.
Amparo y no ejecución de la orden
Aunque la orden de arresto fue dictada, fuentes indican que no fue ejecutada de inmediato debido a que Gustavo Adolfo Infante cuenta con un amparo vigente. En sus declaraciones, el comunicador señaló que “no me ha notificado nada, pero tengo un amparo”.
La defensa promovió ante el tribunal la nulidad de la notificación del arresto, aunque el juez ya había validado la medida hacia las 15:00 horas del jueves.
Qué implica la orden para el contenido mediático
La resolución judicial también incluyó el mandato de retirar de todas las plataformas del comunicador cualquier video, imagen o publicación vinculada a Maribel Guardia o su esposo, lo cual abarca redes sociales y programas de televisión. Además, se informó que la Policía Cibernética y plataformas como YouTube fueron notificadas para garantizar su cumplimiento.
Antecedentes y repercusiones
El conflicto entre Infante y Maribel Guardia tiene raíces en publicaciones del comunicador sobre la vida privada de la actriz y su entorno familiar, que motivaron la solicitud de medidas de protección. Este desarrollo representa un caso notable en la regulación de la cobertura mediática de figuras públicas y la protección de su derecho a la intimidad.
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