Foto: Oscar Castro
– En tiempo récord, miles de empresas y negocios del país han bajado la cortina, cortando de tajo sueños y dificultando la recuperación de una economía que va en caída libre
GONZALO SOTO
El Financiero
El 28 de mayo fue la última vez que Mariana Sandoval preparó un pastel en un su antiguo local en la alcaldía Azcapotzalco. Su sueño de tener un negocio propio comenzó en septiembre de 2017 y poco menos de tres años después, se desvaneció.
“La idea fue de mi esposo, él me ayudó con todo lo administrativo para poder abrir”, recuerda en una entrevista telefónica. “Batallábamos bastante, pero en general estábamos contentos, era algo propio y nos dejaba buen dinero algunos meses”.
Sandoval esperaba que este año las cosas marcharan mejor. Había contratado a una ayudante para preparar más variedad de postres y tenía contemplado, en unos meses, vender sus productos a través de una plataforma digital y no depender de los clientes habituales o alguno que otro que se aproximaba a su tienda en esa colonia al norte de la Ciudad de México.
Era un negocio duro, sobre todo porque tenía que competir con cadenas comerciales de mayor tamaño y supermercados con precios más bajos, pero en ninguna de sus previsiones más pesimistas tenía imaginado bajar para siempre las cortinas de su local, hasta que llegó la pandemia de COVID-19.
La decisión la tomó junto con su esposo, a quien le rebajaron temporalmente el sueldo en la empresa donde labora como contador. Sandoval escuchó muy tarde acerca de algunos apoyos para su negocio, aunque en realidad de poco le habrían servido.
Luego de casi tres meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, la economía mexicana se encuentra sumida en la peor crisis económica desde al menos la Revolución Mexicana, con el promedio de los principales analistas e instituciones financieras en el país anticipando una caída de al menos 9.2 por ciento en el crecimiento del PIB este año. Y entre los mayores afectados por esta situación están las empresas y negocios, de los cuales, hasta el cierre de mayo, 10 mil habían desaparecido de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con datos del organismo, en abril se dieron de baja 6 mil 689 empresas de esos registros, mientras que en mayo otras 3 mil 295 hicieron lo mismo. Los datos de junio serán dados a conocer en los siguientes días por el organismo, pero se anticipa que la pérdida de empresas y negocios continuará.
Los cierres obligados para combatir la pandemia, que ha cobrado más de 30 mil 700 vidas en México y colocan al país como el quinto con más defunciones a nivel global, llevaron a miles a una situación sin precedentes: una caída brutal en sus ingresos sin apoyos suficientes del gobierno para poder mantener sus operaciones.
“La pandemia vino a exacerbar la debilidad previa por la recesión que se vivía en la economía mexicana”, señaló José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). “Fue un golpe durísimo, sobre todo para los más pequeños y medianos, porque en un espacio muy reducido de tiempo tuvieron que enfrentar una economía con freno y una pandemia que las empujó finalmente al abismo”.
Diez mil empresas y negocios desaparecidos en solo dos meses, con una perspectiva negativa hacia adelante, es un dato inédito, que ni siquiera se observó en la crisis financiera de 2008-2009. Aunque la cifra de empresas afectadas es elevada, ni siquiera representa la totalidad de la afectación real a las empresas y negocios del país, pues el IMSS registra únicamente aquellas unidades económicas que se encuentran en la formalidad.
En un país como México, en donde poco más de 5 de cada 10 personas laboran en la informalidad, el impacto resulta mucho mayor.
“Nosotros estimamos que como efecto de la pandemia se podrían perder hasta 250 mil empresas y negocios”, abundó de la Cruz, cuya previsión coincide con la elaborada por BBVA. “La crisis es indiscutible, su profundidad es evidente, solamente queda poder prever con más certeza su duración”.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cierre de mayo revelan, en buena medida, el tamaño del impacto de la pandemia en la desaparición negocios, incluyendo al sector informal. Según su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) 2020, en abril de este año había 2.3 millones de empleadores en México, mientras que al cierre de mayo la cifra arrojaba 2 millones. Es decir, en un solo mes alrededor de 300 mil personas habrían dejado de proporcionar empleo a millones de trabajadores en todo el país. En mayo del año pasado, los empleadores sumaban 2.6 millones.
Con esa marea de empresas y negocios, formales e informales, cerrando sus puertas, y muchos más suspendiendo temporalmente sus actividades, más de 12.5 millones de personas perdieron su trabajo solo en abril. En mayo, de las 19.4 millones de personas disponibles para trabajar ese mes, 9.5 millones no lo hicieron debido a la suspensión de sus labores sin recibir pago.
Según Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico), si los 12.5 millones se hubieran quedado en la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, activos buscando trabajar, la tasa de desempleo de abril hubiera sido aproximadamente de 24.7 por ciento. “Así de grave”, escribió en Twitter.
“Esperábamos que para finales de abril el gobierno anunciara algún tipo de apoyo, de cualquier índole, pero no pasó”, dijo Roberto Alid, quien tenía una fábrica de productos textiles en el Estado de México. “Tuvimos que cerrar definitivamente unas semanas más tarde, no pudimos pagar nómina, teníamos créditos pendientes, las ventas se desplomaron y veníamos de un mal año”.
Alid pide no mencionar el nombre de su empresa porque aún tiene abiertos algunos litigios y teme que su publicación afecte el desenlace de esos procesos legales. Sin embargo, revela que al cierre de febrero tenía una nómina de 75 personas, con otras 25 contratadas de manera externa a través de un outsourcing y con empleos temporales.
“La empresa la heredé, tengo otros negocios, pero esta era importante para mí”, mencionó. “La pandemia no vino a cambiar las empresas, vino a devorárselas”.
Aunque los más vulnerables ante cualquier revés económico, sobre todo uno tan profundo como el causado por la pandemia de COVID-19, son siempre las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y los micronegocios, también las más grandes han padecido. Algunas han recurrido a recortes salariales temporales, cancelación de plazas y de algunos beneficios adicionales a los que otorga la ley. En otros casos, han tenido que recurrir a reestructuras financieras importantes para mantenerse a flote. Incluso Aeroméxico acudió la semana pasada a la protección de los tribunales de Estados Unidos para poder reestructurarse y evitar un colapso mayor.
Según el IDIC, alrededor de 500 empresas medianas y grandes cerrarán sus puertas una vez que comience el recuento final de daños de la pandemia.
Pero los efectos durarán mucho más. Miles de personas que invirtieron buena parte de su patrimonio y ahorros para cumplir el sueño de ser dueños de un negocio o emprendimiento, incluso en un entorno económico desfavorable, se quedan con las manos vacías.
Arturo Macías, un abogado de la Ciudad de México, cerró las puertas de su despacho a principios de julio por la falta de ingresos y dejó sin empleo de la noche a la mañana a otras 4 personas que laboraban con él.
“Es irónico”, asegura. “De haber aguantado un poco más, quizá no habría ido bien con todas las demandas laborales que va a haber por aquellos trabajadores a los que ilegalmente les recortaron el sueldo, los corrieron sin una liquidación justa o los trataron mal”.
El abogado añadió que la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), que sustituyó el 1 de julio al TLCAN, generará una serie de inconformidades legales y juicios por las modificaciones planteadas en el acuerdo comercial en materia laboral.
Macías tratará de aprovechar esas oportunidades como litigante independiente, aunque incluso para ellas también deberá esperar, pues los tribunales no abrirán sus puertas sino hasta mediados de agosto.
Al igual que todas las personas entrevistadas para este artículo, Macías lamentó que el gobierno no haya ‘metido las manos’ para apoyar a todas las empresas y negocios del país.
“Nosotros no éramos grandes, no debíamos impuestos ni nada por estilo”, dijo. “Pagaron justos por pecadores”.
Pese al tamaño del impacto de la pandemia en la economía, México es uno de los países de América Latina y el mundo que menos recursos ha destinado al apoyo del sector privado. De acuerdo con un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México ha destinado apoyos y créditos para las empresas y negocios equivalentes a 3.8 por ciento del PIB. En contraste, Chile ha destinado 11.4 por ciento, Colombia 8 por ciento, Perú 7.6 por ciento, Uruguay 5.3 por ciento y Costa Rica 4.3 por ciento.
En materia de apoyos a trabajadores independientes o freelance, México ha destinado solo 0.4 por ciento del PIB, la mitad que el promedio en América Latina y por debajo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.
En total, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado 9 medidas de apoyo empresarial para enfrentar los efectos de la pandemia. Solo Venezuela, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Granada, Haití y Jamaica están por debajo de México en ese rubro, de acuerdo con una compilación realizada por la CEPAL.
Con este escenario, el organismo internacional aseveró que, en los próximos seis meses, hasta 500 mil empresas y negocios formales en el país corren el riesgo de desaparecer, sobre todo en los sectores del comercio al mayoreo, al menudeo, el turismo, la manufactura, automotriz, autopartes, construcción, servicios e industrias culturales. El daño sería mayor, al considerar la informalidad.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, mencionó en la presentación del reporte que en toda América Latina se estima que 2.7 millones de empresas formales, una de cada cinco, están en vilo, 2.6 millones de ellas microempresas. El cierre de esas unidades económicas implica eliminar 8.5 millones de empleos formales.
Mauricio Mendoza espera que la CEPAL esté muy equivocada, especialmente porque su futuro depende de una recuperación más o menos rápida, de que el gobierno le permita reabrir su gimnasio o, en un mundo ideal, que le otorguen apoyos para continuar con su labor.
“Vamos con lo que tenemos, hemos aguantado con clases en línea, algunas asesorías nutricionales, pero nada más”, aseguró Mendoza, quien abrió su negocio el año pasado con un socio en Naucalpan, Estado de México “Si no funciona esto, tendría que pensar en otras opciones”.
Mientras los clientes regresan, él ha dispuesto una serie de medidas para combatir los contagios de COVID-19 en un sitio que podría ser ideal para su transmisión: horarios escalonados, cupo limitado, vestidores cerrados, aseo constante e intenso.
“Definitivamente no me gustaría ser uno más de los que entran en la lista de los negocios que quiebran”, afirmó. “Pero tampoco veo muchas señales positivas hasta ahora”.
