Dicho laudo se deriva de un proceso de arbitraje internacional iniciado en octubre de 2016 por las compañías Caabsa y Omega.
DIANA NAVA
FUENTE: https://www.elfinanciero.com.mx/
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) impugnará el laudo que dictó la Corte de Arbitraje Internacional de Londres en su contra por la fallida construcción de la planta Chicoasén II, en Chiapas.
El laudo emitido por la corte de Londres, que asciende a más de 200 millones de dólares, se deriva de un proceso de arbitraje internacional iniciado en octubre de 2016 por las compañías Caabsa y Omega, quienes ganaron una licitación para la construcción de la planta de generación, durante la gestión del priista Enrique Ochoa, que no logró ser edificada.
“Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio”, dice la empresa eléctrica nacional en un comunicado que envió este jueves.
La edificación del proyecto en Chiapas fue suspendida debido a que conflictos sociales impidieron su construcción, por lo cual las empresas iniciaron el proceso legal en contra de la empresa que hoy dirige Manuel Bartlett.
Es decir, el arbitraje internacional fue iniciado durante la administración federal pasada.
Esta corte falló en contra de la compañía eléctrica, con lo cual la CFE deberá indemnizar a las compañías que ganaron la licitación de la planta. La reparación económica que deberá desembolsar la CFE aún está en análisis.
“Se trata, pues, de una herencia litigiosa de la pasada administración, la que decidió encomendar la atención de dicho procedimiento a una firma externa de abogados”, dice la CFE en el comunicado de prensa.
“Al 1 de diciembre del 2018, fecha de llegada de las nuevas autoridades de la Institución, ya se habían realizado las etapas sustantivas del arbitraje y virtualmente sólo restaba el acto de la emisión del laudo, lo que sucedió un año y seis meses después”.
El tribunal inglés decidió fallar a favor de las compañías bajo el argumento de que la CFE no garantizó a los privados el acceso al sitio en donde se edificaría la obra.
