Foto: Tomada de Internet
– Los agresores, reclutas de 18 a 22 años, estaban prestando el servicio militar obligatorio
Por: VANGUARDIA
La brutal violación a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro de Colombia) por parte de siete militares colombianos ha conmocionado al país cuya sociedad ha expresado un repudio unánime. Los agresores han aceptado los cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.
Al parecer, la menor de 12 años estaba sola, recogiendo guayabas cerca de un campamento militar, cuando los siete uniformados (entre ocho según la víctima) la secuestraron y violaron durante la noche del lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia, que hace parte del municipio de Pueblo Rico.
Fue la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) quien hizo pública la acusación la mañana del miércoles en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena.
Es un acto criminal que debe ser castigado con todo rigor por la justicia ordinaria. Pone en cuestión la eficacia disuasiva de prisión perpetua, recién aprobada, y obliga a una revisión de la formación de miembros de las Fuerzas Armadas, enfatizó el senado de Alianza Verde Antonio Sanguino.
Este miércoles, el pueblo ancestral embera katio, en el departamento de Risaralda, denunció que una niña de 12 años fue secuestrada y violada por siete soldados del ejército de Colombia.
Por medio de un comunicado, el Gobernador Mayor del Resguardo, Gito Dokabú-Embera Katio, denunció el hecho y detalló que los uniformados violaron a la menor indígena el pasado domingo luego de ser secuestrada de la comunidad.
‘Esta no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo Embera Katio, y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado’, recalcó.
‘Exijo como autoridad mayor que los agresores sean entregados para que desde nuestra autoridad y autonomía puedan ser juzgados y una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación, sean juzgados por las leyes de ustedes’, enfatizó.
Los uniformados señalados por este crimen fueron identificados como integrantes del batallón San Mateo de Pereira y ya son investigados por el criticado hecho.
