Funcionarios del Registro Civil, coludidos con ‘coyotes’, cobraban por corrección, alteración o falsificación de documentos oficiales.
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La Fiscalía General de Justicia local desmanteló una red de falsificación y alteración de documentos oficiales que operaba en el Registro Civil de la Ciudad de México.
Se trataba de cuatro servidores públicos de dicha dependencia, una exfuncionaria de la misma oficina y el propietario de una papelería aledaña. Las seis personas ya fueron detenidas y remitidas al Reclusorio Norte y a la cárcel de Santa Martha.
El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, detalló esta tarde que las personas detenidas son señaladas de falsificación, alteración y uso indebido de documentos oficiales, así como asociación delictuosa y ejercicio ilegal del servicio público en el caso de las cuatro personas que trabajaban en el Registro Civil.
La investigación requirió incluso que policías de investigación encubiertos trabajaran como servidores públicos del Registro Civil para identificar a los integrantes de esta red de corrupción y su forma de operar.
Los trabajos de gabinete y de campo se extendieron durante 7 meses, en los cuales se identificó que esta red falsificaba y alteraba documentos como actas de nacimiento, actas de matrimonio, de defunción, pasaportes, títulos escolares y cambios de nombre y nacionalidad.
Durante las indagatorias, la Fiscalía obtuvo de un juez de control una orden de intervención de comunicaciones privadas, lo que “permitió ubicar e identificar la colaboración entre servidores públicos y gestores para la obtención y modificación de documentación original y apócrifa así como la cobranza de los mismos, así como los puntos de reunión para realizar trámites y entrega de documentos”, relató este viernes el vocero Lara López.
Los funcionarios detenidos son Roberto “N”, adscrito al área de Atención Ciudadana; Alma Karen “N”, quien laboraba en la subdirección de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación; y Guadalupe “N”, asignada en la Jefatura de Unidad Departamental de Inscripción de Resoluciones y Análisis, todos del Registro Civil de la Ciudad de México.
Los tres servidores públicos tenían facultades para operar el Sistema Informático y las impresiones de documentación oficial y ahora enfrentan acusaciones por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
Asimismo, fueron aprehendidos por probable falsificación de documentos y asociación delictuosa Francisco Javier “N”, propietario de una papelería ubicada en el costado oriente del Registro Civil, y Beatriz Ayde “N”, extrabajadora de Atención en Ventanilla de dicha oficina.
“Además, se solicitaron y ejecutaron actos de investigación para inspeccionar 4 cubículos al interior del Registro Civil entre ellos el de Gerardo ‘N’, encargado del área de Sistemas Informáticos, quien fue detenido en flagrancia y fue encontrado junto con cientos de folios posiblemente alterados”, comunicó el vocero de la Fiscalía local.
“En posible contubernio, los 6 individuos probablemente facilitaban unos la obtención de documentos generados desde el interior del mismo Registro Civil, y otros en la captación de clientes y usuarios al utilizar el lugar para entregas y pagos de trámites”, añadió.
Como parte de estas investigaciones, la Fiscalía cateó un departamento de la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, colonia Ejército de Agua Prieta; un inmueble en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán; un domicilio ubicado en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón; un conjunto departamental de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, así como tres inmuebles en Dr. Andrade, colonia Doctores; Belisario Domínguez y Palma, en el Centro
Durante el desarrollo de los cateos fueron asegurados diversos indicios como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pasaportes, cartillas de salud, certificados de educación pública, sellos, candados de seguridad, troquel para relieves del INE, diversos materiales para la realización de documentos, así como computadoras, tabletas electrónicas y memorias USB.
“Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales ya labora en la realización de dictámenes correspondientes para establecer si dicha documentación es auténtica o apócrifa. Los inmuebles quedaron asegurados y a disposición de los agentes del Ministerio Público”, aportó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
