Laura Sima, directora de la Oficina del Departamento de Energía en la Embajada de EU, señaló que la negación y retrasos de permisos continúa por los reguladores energéticos mexicanos.
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EFE.- México restringe la inversión privada en el sector energético, lo que pone en riesgo las metas de lucha contra la crisis climática al evitar que se instalen nuevas plantas renovables, advirtió este martes Laura Sima, directora de la Oficina del Departamento de Energía en la Embajada de EE.UU.
“Aunque retrasar o negar permisos es algo normal en cualquier Gobierno, hay una historia y una dirección tan abrumadora de estos retrasos que está claro que (México) está restringiendo la participación y la inversión extranjeras en el sector energético”, comentó en un evento virtual organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Sima comentó que la negación y retrasos de permisos continúa por los reguladores energéticos mexicanos, por lo que se ha buscado el acercamiento con el gobierno mexicano.
Ante esta situación, destacó que se han organizado diversas reuniones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y 17 compañías energéticas de Estados Unidos para impulsar la inversión en plantas de renovables.
“Eso podría no solo afectar la capacidad del sector privado para operar libremente en el mercado, sino también socavar la capacidad de cumplir con los compromisos de cambio climático”, advirtió.
De acuerdo con las metas de política energética de México, en 2024 el 35% de la energía eléctrica total generada en el país deberá ser por fuentes renovables, mientras que en 2021 generó sólo un 29.5% de electricidad limpia.
Por su último, Sima subrayó que desde mayo del año pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha cerrado terminales de almacenamiento y trasbordo de combustible estadounidenses sin que a la fecha puedan reanudar sus operaciones
En octubre de 2021, el presidente López Obrador promovió una reforma para limitar la participación extrajera en el sector de generación eléctrica y dar prioridad a las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque finalmente fue rechazada en el congreso federal mexicano.
La polémica propuesta de López Obrador provocó inquietud en EE.UU., y la secretaria de Energía de ese país, Jennifer Granholm, expresó antes del rechazo legislativo sus “preocupaciones” por “los impactos negativos” de la polémica reforma eléctrica en México.